El 5 de junio el Ministerio de Agricultura, con la venia del presidente, tomó la decisión de retirarle la confianza y destituir al entonces Director Ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Esta acción generó una lluvia de críticas de diferentes actores respaldando al exdirector y reclamando que el SERFOR pase a ser parte del Ministerio del Ambiente, donde en teoría no sería la última rueda del tractor.

Este debate sobre la institucionalidad del sector forestal es antiguo e, incluso, fue un tema álgido durante la formulación de la actual ley en donde expertos, ambientalistas, pueblos indígenas entre otros argumentaron el traspaso de este “subsector” del MINAGRI al Ministerio de Ambiente como estrategia clave para enfrentar el cambio climático y promover un enfoque más conservacionista sobre los bosques y sus recursos, así como una herramienta de contrapesos y controles para las políticas de cambio de uso de suelo, potestad única del sector agropecuario, entre otros.

Otra línea de argumentación para el cambio de cartera es la alta informalidad e ilegalidad del sector, en particular en el marco de la producción de madera en concesiones forestales y otros títulos habilitantes en bosques manejados y naturales. Esta ilegalidad está muy documentada en medios especializados, así como en redes sociales, y se atribuye a la falta de articulación en el control y vigilancia de la producción forestal, la ausencia de transparencia del sector, e inexistentes recursos económicos para realizar inspecciones, así como para apoyar la fiscalización de las actividades ilegales y su posterior seguimiento, y la falta de voluntad de las instancias competentes para apoyar iniciativas de control que se ponen a discusión.

Aquí, es muy interesante ver los números estimados de ilegalidad en donde se considera que hasta el 80% de la producción forestal es de dudosa procedencia. La realidad es que los datos usados no necesariamente reflejan la realidad y esto se debe a que la estadística en el sector es mala, insuficiente y depende de muchos actores en los diversos niveles de gobierno que no necesariamente articulan entre sí. Esto conlleva a que se analicen datos del sector diseñados para otros fines como proxis, o se use información de carácter referencial de estudios puntuales y se escalen como reflejo de la realidad nacional.

Por otro lado, la fragmentación de las competencias del sector forestal pone en tela de juicio la pertinencia del SERFOR en el MINAGRI. El SERFOR como autoridad nacional comparte una buena porción de sus competencias con el propio ministerio de agricultura, el ministerio del ambiente, el ministerio de producción, el OSINFOR, la SUNAT y los Gobiernos Regionales en áreas tan diversas como otorgamiento de permisos, control y vigilancia, promoción, producción, transporte y transformación, prevención de incendios, manejo de fauna silvestre, conservación de la biodiversidad, lucha contra el tráfico ilegal de fauna, así como el desarrollo de políticas y normatividad, entre otros.

Es verdad que ningún sector puede ni debe ser una isla, en particular si se trata de normar un conjunto de recursos que cubren alrededor del 70% del territorio nacional y que requiere de un consenso entre las instituciones que comparten responsabilidad para apoyar su desarrollo. Pero el sector forestal está fragmentado al nivel de inoperatividad y, sobre todo, carece de consensos sobre su dirección y desarrollo estratégico. Esto ha llevado a que esté en un eterno estado de conflicto entre las instituciones que conforman el sector promoviendo una des-gobernanza que solo beneficia a la ilegalidad.

Es en este marco en donde las voces a favor y en contra del exdirector del SERFOR reavivan el debate sobre la institucionalidad forestal y la pertinencia de su traslado al sector ambiente. El problema es que, más que debates alturados que busquen fortalecer el sector, se dedican a esbozar narrativas de buenos vs malos y de mártires ambientales. Sin embargo, lo que el país necesita es evaluar la construcción de una nueva política forestal que sea coherente y consensuada.

La falta de claridad sobre el problema de fondo se traduce en que la actividad forestal produzca poco o nada, tenga una balanza comercial negativa, su institucionalidad este a la merced de quienes no tienen interés real por promover el sector, que la informalidad y la ilegalidad imperen y que a nivel internacional sea objeto de escrutinio y de suspicacias. Pero lo peor de todo es que como peruanos estemos viendo desde el banquillo como se pierde el bosque, sus recursos y sus servicios ecosistémicos una hectárea a la vez.

Ahora, la actual política forestal no es una política propiamente. Es un lindo documento que no tiene un verdadero conceso ni compromiso de los actores nacionales para implementarla y mucho menos el respaldo institucional para hacerla efectiva. 

Esto implica iniciar una discusión sincera entre todos los actores que aterrice en la construcción de una nueva política nacional forestal y una normatividad concisa y efectiva que establezca una institucionalidad coherente con las metas establecidas en la política. 

En ese sentido, el primer paso tiene que ser definir qué queremos que sea el sector forestal. Y, a partir de eso, desarrollar la política. Pero si no logramos un respuesta clara no se podrá construir la institucionalidad alrededor que soporte esa política; y menos una normativa que sea coherente con esa política; y requiere sentarse y consensuar con todos, gusten o no, sean formales, informales o ilegales, PPII, ribereños, comuneros, conservacionistas, ambientalistas, eco terroristas, productores, técnicos, banqueros, economistas, etc

Si no somos capaces de dar ese paso, continuará el circulo vicioso de la destrucción del bosque sin importar quién esté al mando del SERFOR.